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No existe ningún estudio que avale el supuesto incremento de costes de las descontaminación del terreno. destaca Juan Álvarez
En un controvertido episodio que ha puesto en entredicho la gestión urbanística del Ayuntamiento de Oviedo, el concejal socialista Juan Álvarez ha levantado la voz. «Estamos frente a un proyecto que plantea serias dudas sobre su justificación y sus implicaciones para el patrimonio y el medio ambiente de nuestra ciudad», afirmó el concejal socialista durante su intervención en la Comisión de Urbanismo.
El conflicto se centra en la propuesta de modificación del Plan Especial del recinto, aprobado en 2012 y concebido por el arquitecto César Portela, que actualmente está en vigor. Esta modificación, respaldada por el arquitecto Patxi Mangado y presentada por la propietaria del terreno, Ginkgo, plantea un aumento significativo en la edificabilidad del área, junto con otros cambios. El incremento propuesto del 78% en la edificabilidad, junto con una drástica reducción del 82% en los equipamientos públicos, ha suscitado interrogantes fundamentales sobre la justificación de estos cambios y sus implicaciones para el patrimonio y el medio ambiente de la ciudad.
En palabras del concejal Juan Álvarez, «resulta imperativo conocer si existe respaldo técnico sólido que justifique el aumento propuesto en la edificabilidad y los cambios en los equipamientos públicos del recinto».
La argumentación presentada por la propietaria del terreno, basada en supuestos sobrecostes de descontaminación debido a una supuesta mayor contaminación en el sitio, ha sido objeto de escrutinio por parte del concejal socialista, quien ha afirmado que «es crucial determinar la responsabilidad última de la contaminación y garantizar que aquellos que la generaron asuman las consecuencias», en referencia a la antigua propietaria del terreno, EDP.
En este sentido, en la misma reunión de la Comisión de Urbanismo se dejó claro por parte del concejal de Gobierno Nacho Cuesta que no existe en el expediente un nuevo Plan de Descontaminación aprobado por la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico que justifique el incremento de costes, más allá de una declaración de la empresa.
Ante esta situación, Juan Álvarez enfatizó que «la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos deben ser prioritarios en cualquier proyecto urbanístico, y eso incluye una evaluación exhaustiva de los riesgos ambientales asociados».
En última instancia, este episodio ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de una gestión urbanística transparente y responsable, que priorice el patrimonio, la salud pública y el medio ambiente sobre intereses particulares, como subraya el concejal socialista.
