Juan Álvarez Areces, concejal del Grupo Municipal Socialista
En el debate urbanístico de Oviedo, ha cobrado una sorprendente fuerza la idea de que la cautela y el rigor técnico son obstáculos para el progreso de los proyectos. Este argumento resulta curioso, especialmente si se considera que la improvisación rara vez contribuye positivamente, ni a la historia ni al desarrollo de una ciudad. El caso de La Vega, lejos de contradecir esta premisa, la confirma de manera rotunda.
El convenio firmado entre las administraciones públicas establecía claramente la obligación del Ayuntamiento de realizar estudios arqueológicos para garantizar la viabilidad patrimonial del futuro desarrollo. Para cumplir con esta exigencia, se encargó un informe al grupo ARQUEOS, que delimitó las zonas según su riesgo arqueológico y definió una rigurosa metodología de investigación. Desde un primer momento, el grupo municipal socialista insistió, «de buena fe», en la necesidad de respetar dicha metodología. Un año después, los argumentos esgrimidos entonces siguen tan vigentes como el primer día.
Sin embargo, la respuesta municipal fue una interpretación minimalista del informe de ARQUEOS. Los estudios se limitaron a algunas zonas de las afectadas por el vial y el área residencial, y la investigación se redujo únicamente a una prospección mediante georradar, contratada como un contrato menor, con un presupuesto sorprendentemente bajo de 17.000 euros. Esta cifra refleja, de manera dolorosamente evidente, la distancia entre las recomendaciones iniciales del informe encargado a ARQUEOS y la ejecución real.
Un año después, los resultados han demostrado que esas cautelas no solo eran justificadas, sino necesarias. La prospección con georradar ha detectado, en el Área 5 de La Vega —una zona previamente clasificada como de máximo riesgo arqueológico— una anomalía subterránea de gran tamaño, cuyas características y orientación no corresponden a las infraestructuras industriales contemporáneas. Estos indicios respaldan las hipótesis que sitúan en esta área el posible emplazamiento del primitivo palacio de Alfonso II, del siglo IX, a solo 190 metros del conjunto de San Julián de los Prados, Bien de Interés Cultural y Patrimonio Mundial. Estos son los hechos objetivos.
Por supuesto, no podemos afirmar con certeza que haya un palacio escondido bajo el suelo, ni que haya dieciocho más esperando ser descubiertos. Los métodos geofísicos y, en concreto, el georradar tienen limitaciones intrínsecas, ya que todos los métodos geofísicos tratan de resolver el «problema inverso». Es muy fácil de entender: consiste en deducir las propiedades del subsuelo a partir de mediciones realizadas en la superficie. A diferencia del problema directo, donde se conoce el modelo del subsuelo y se calculan las mediciones, el problema inverso busca encontrar el modelo que generó esas mediciones, pero no tiene una única solución. Esto se debe a que múltiples configuraciones del subsuelo pueden dar resultados similares, lo que genera incertidumbre y esta incertidumbre es muchísimo mayor en un entorno tan alterado por la actividad humana como es el caso que nos ocupa, es por ello que el georradar tiene sus limitaciones, y no puede proporcionar certezas absolutas ni para confirmar ni mucho menos para “descartar”.
La paradoja es irónica: no podemos probar la existencia de algo relevante, pero si algo importante estuviera allí, el georradar habría detectado exactamente esta señal. Así funciona el método científico aplicado a la arqueología urbana.
Por este motivo, resulta fundamental que se exija rigor técnico en la metodología de prospección, no solo para el área limitada donde se han detectado indicios con el georradar, sino para toda la zona en cuestión.
Esta situación debería activar de manera plena el principio de cautela y prevención, que está consagrado tanto en la Ley de Patrimonio Histórico Español como en la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias. Ambas normativas exigen a las administraciones garantizar la protección, conservación e investigación del patrimonio arqueológico, visible o no, presente en el subsuelo. No se trata de meras recomendaciones ni de buenas intenciones, sino de obligaciones legales claras e ineludibles.
A pesar de ello, algunos parecen querer avanzar con el concurso de ideas urbanísticas sin haber determinado previamente la magnitud ni la naturaleza de los restos hallados. Tomar esta decisión ahora podría no solo condicionar las propuestas que se presenten en el futuro, sino también introducir riesgos evidentes: enfoques que podrían ser incompatibles con la normativa patrimonial, lo que generaría modificaciones en el planeamiento y largos retrasos, algo que nadie desea… salvo aquellos que confían en que «la historia y la Historia se adapten a sus planes».
Mientras tanto, hay muchas acciones que pueden llevarse a cabo. La reapertura a la ciudadanía de la Fábrica de Armas de La Vega debe ser planteada de manera estratégica, garantizando en primer lugar la seguridad y el acceso a su patrimonio histórico. En una primera fase, la apertura del recinto fabril podría complementar el atractivo turístico y cultural de Oviedo. La Fábrica, con su indiscutible valor patrimonial, debería ofrecer visitas guiadas durante todo el año, con mayor frecuencia en los periodos vacacionales o festivos. Este enfoque no solo permitirá a los ciudadanos de Oviedo y a los visitantes conocer mejor su historia, sino que también contribuirá a preservar el lugar mientras se completan los estudios arqueológicos y se redacta el Plan Especial. Además, esta reapertura debería contribuir a que la ciudadanía se apropie del espacio, mejorando la participación ciudadana que la redacción de un Plan Especial requiere.
En una segunda fase, cuando sea posible garantizar la seguridad, se podrían establecer circuitos peatonales que integren la Fábrica de Armas dentro de la trama urbana de la ciudad. Esta medida favorecería la conexión entre el recinto fabril y el resto de la ciudad, creando un vínculo de movilidad que reforzaría la integración de este espacio en el tejido urbano, sin necesidad de esperar al desarrollo completo del proyecto urbanístico.
Por todo ello, la suspensión temporal del concurso de ideas hasta la finalización de los estudios arqueológicos no debe interpretarse como un freno o una maniobra dilatoria. Es, más bien, una decisión proporcionada, sensata y jurídicamente incuestionable. Hace un año se pedía rigor «de buena fe»; hoy, ese rigor no es opcional: es una obligación. La Vega no es un solar cualquiera. Es un espacio con un valor histórico y patrimonial tan significativo que tiene el potencial de redefinir la ciudad. Solo a través del conocimiento previo, con respeto al patrimonio, podrá construirse un futuro sólido y digno para este ámbito estratégico de Oviedo.