Voy a trasladarles la misma pregunta que me formulé a mí mismo el pasado martes, cuando leí en este periódico las declaraciones de Canteli defendiendo a Ginkgo: “Invierte mucho dinero y necesita rentabilizarlo con pisos”. La pregunta es obvia: ¿a quién ha de defender el alcalde en primer lugar? ¿A una empresa que tiene sus intereses —por legítimos que sean—, o al interés general y al estricto cumplimiento de la ley?
El informe consultivo del Consejo de Patrimonio, conocido hace días, establecía sin duda alguna una serie de limitaciones ante las pretensiones de construcción en la Fábrica de Gas. Lo hacía en defensa del patrimonio histórico, artístico e industrial que alberga el recinto. Un patrimonio que forma parte de la historia de esta ciudad, que reúne trabajos de Sánchez del Río o Vaquero Palacios e incluye la primera fábrica de electricidad que tuvo Oviedo. Lo hacía en defensa del interés general.
Ante esta situación, ¿cuál es el verdadero consenso al que debemos llegar toda la Corporación? Ni más ni menos que el evidente y escrupuloso respeto a la legislación sobre patrimonio y a la defensa del interés de la mayoría de la ciudadanía ovetense; lo contrario sería una absoluta anomalía. Pero, leyendo las declaraciones del alcalde, bien parece que prima la defensa de la empresa.
Cuando un vecino o una vecina quiere cambiar una ventana o hacer una obra en el entorno de protección de un monumento debe hacerlo cumpliendo los requisitos que establezca el Consejo de Patrimonio. Y de que así sea se encargan los técnicos municipales. Es la ley.
Aquí, señor Canteli, no estamos para “poner trabas permanentes” a nadie ni a nada. Aquí, señor Canteli, no hay ninguna oposición a “todo lo que se menea”. Aquí, señor Canteli, hay un grupo municipal que vela, ante todo, por el cumplimiento de la ley y por la defensa del interés general. Le guste o no. Es nuestro compromiso. Y no cejaremos en él.
Usted sabrá quién generó a Ginkgo expectativas tal vez por encima de lo razonable. Usted sabrá qué se les ofreció antes de tener el preceptivo informe de Patrimonio. Solo quien no entienda —o no quiera entender— el funcionamiento básico de una institución democrática como es un ayuntamiento puede decir lo que dijo. El Ayuntamiento no solo ha de ser garante del cumplimiento de toda la normativa sobre patrimonio, sino también ejemplo en velar por los intereses generales. Eso es lo que espera la ciudadanía de la Corporación que eligió democráticamente, y especialmente de su alcalde. Pensar lo contrario me parece tan lamentable y penoso que no quiero ni calificarlo.