Juan Álvarez Areces
El pasado 10 de febrero, siete asociaciones de barrios del este de la ciudad reclamaron su derecho a aportar ideas en el proyecto de reurbanización de la margen izquierda de la salida a Oviedo por la A-66. Entre sus propuestas estaban la eliminación de puentes y la creación de pasos peatonales a nivel, un paso ciclopeatonal hasta la plaza de la Cruz Roja y el uso de la mediana para ganar espacio verde y mejorar la topografía. Estas ideas, ya planteadas por el grupo municipal socialista, mejorarían la conectividad entre los barrios y complementarían la intervención en la margen derecha, que, aunque convirtió la zona en un paseo peatonal, quedó lejos de los objetivos del proceso participativo Imagina un Bulevar. Este proyecto, financiado por los fondos EDUSI, buscaba también una mejora medioambiental mediante la reducción del tráfico, pero en esto llegó Canteli y mandó parar, se perdieron fondos y persisten los problemas de contaminación. El sectarismo ideológico tiene consecuencias.
A pesar del valor de estas propuestas, Ignacio Cuesta, limitó la participación a lo que él considera iniciativas planteadas con “buena fe, lealtad y responsabilidad”. Entendemos que para evitar futuras controversias se volverán a emitir “certificados de buena conducta o adhesión al Movimiento”. Todavía andarán los impresos por los archivos municipales.
Y hablando de ‘buena fe’; el convenio de La Vega establecía que el Ayuntamiento debía realizar estudios arqueológicos para garantizar la viabilidad patrimonial del plan de actuación. Para ello, se encargó al grupo de investigación Arqueos un informe técnico que detallaba las acciones necesarias y delimitaba zonas según su “riesgo arqueológico”. El coste total de estos estudios ascendía a 1.094.087,69 euros, el grupo municipal socialista entendió ‘de buena fe’ que este sería el plan a seguir.
Más tarde, el equipo de gobierno decidió limitar los estudios solo a las zonas que serán transformadas urbanísticamente, es decir, donde se construirá el vial y la zona recalificada para uso residencial. Esta interpretación cicatera del acuerdo cumple apenas con la obligación legal, sin atender al verdadero espíritu del convenio, que pretendía una investigación más profunda. Las fuentes documentales sugieren la posible existencia de restos del palacio de Alfonso II, un hallazgo que podría cambiar la historia de la ciudad y poner la La Vega en otra escala desde el punto de vista patrimonial y cultural. Aún con el recorte de la zona de estudio, el grupo socialista, exigió ‘de buena fe’ que se respetara la metodología propuesta por Arqueos, cuyo coste en ese ámbito reducido sería de 281.613,15 euros.
Pues bien, el 12 de febrero, en la comisión de urbanismo, se anunció el inicio de los trabajos de desbroce y prospección arqueológica en La Vega. Sin embargo, lo que podría haber sido una buena noticia se convirtió en una decepción cuando se informó que los estudios se contratarían mediante un contrato menor, con un presupuesto máximo de 40.000 euros. Además, solo se utilizaría el georradar como herramienta prospectiva, ignorando las recomendaciones científicas.
Un nuevo esperpento. La persona que encargó el estudio técnico es la que ahora desoye sus conclusiones y se siente capaz de decidir cómo se tiene que hacer la prospección en un lugar crítico en la historia de nuestra ciudad y con el único bagaje de haber visto toda la saga de Indiana Jones. Puestos a ahorrar y para nutrir el ”negacionismo científico” que tiene tantos adeptos en estas nuevas derechas, sería mejor contratar a un zahorí que seguramente conseguiría encontrar algo con su temblorosa varita de avellano. Afortunadamente, la zona del vial está dentro del entorno de protección BIC de la iglesia de Santullano por lo que esperamos que finalmente se exija una prospección arqueológica rigurosa, como la planteada por Arqueos. Lo esperamos, ‘de buena fe’.
