Por Jorge García Monsalve
La gestión del urbanismo en el Ayuntamiento de Oviedo atraviesa un momento ciertamente preocupante. No tanto por una decisión concreta, sino por la suma de silencios, improvisaciones y soluciones difíciles de justificar.
La salida del anterior Director General de Urbanismo se produjo mediante una dimisión que, a día de hoy, sigue sin explicación pública. El equipo de gobierno ha sido incapaz de ofrecer a la ciudadanía una razón clara que permita entender por qué se produjo esta marcha. En un área tan sensible como el urbanismo, ese silencio no es menor; por el contrario, deja, inevitablemente, un espacio para la duda.
Y lejos de despejar esas dudas, la respuesta del gobierno municipal ha sido optar por una fórmula aún más cuestionable: atribuir de forma provisional las funciones de Director General de Urbanismo al Director General de la Asesoría Jurídica Municipal.
La decisión plantea problemas evidentes. Los directores generales son altos cargos y su régimen jurídico parte de un principio básico: la dedicación exclusiva. No es una cláusula ornamental, sino una garantía de que quien ocupa una responsabilidad de dirección pública puede centrarse plenamente en el ámbito que gestiona. Urbanismo, por su complejidad y trascendencia, exige precisamente eso: dedicación plena, especialización y estabilidad en la dirección.
En su gran obra “El Criticón”, Baltasar Gracián, señala que “no conviene cargar en un mismo hombro con todo el peso”. Y, sin embargo, la solución adoptada hace justo lo contrario. Se acumulan en una misma persona dos direcciones generales con enorme carga técnica y responsabilidad administrativa. Y el problema no es sólo de volumen de trabajo. También lo es de coherencia institucional. La asesoría jurídica municipal tiene entre sus funciones asesorar legalmente al Ayuntamiento y analizar la licitud de sus decisiones. Muchas de esas decisiones se producen precisamente en el ámbito urbanístico. Cuando quien dirige la asesoría jurídica pasa a dirigir también el área de urbanismo, la separación interna entre aquel que impulsa la actuación administrativa y quien debe examinarla jurídicamente se diluye peligrosamente.
A ello se suma el recurso a una “provisionalidad” que parece más una salida improvisada que una solución administrativa sólida. Las direcciones generales no están diseñadas para cubrirse mediante encargos informales o acumulaciones de funciones. Existen procedimientos de nombramientos claros para, precisamente, evitar este tipo de situaciones.
En definitiva, una dimisión sin explicación seguida de una cobertura tan irregular del puesto no contribuye a reforzar la confianza en la gestión del urbanismo municipal. Más bien ocurre lo contrario y las preguntas que quedaron sin respuesta con la salida del anterior director general no desaparecen. Se multiplican.
En política el silencio rara vez aclara las cosas. Y cuando a ese silencio se le añade una solución organizativa discutible, lo que se proyecta no es seguridad ni transparencia, sino una desasosegante sensación de gestión en la sombra.