• El equipo de gobierno se sitúa en el incumplimiento flagrante del contrato de transporte, denuncia Ana Rivas
Los representantes de PP y Cs en la comisión plenaria de Urbanismo han votado en contra de la propuesta de la concejala socialista Ana Rivas para que se implantase la modificación del contrato de gestión del servicio de Transporte Urbano aprobada en abril de 2019. “Se han situado en un incumplimiento flagrante de un contrato público, pero más grave aún es que con su cerrazón se oponen a las mejoras en el servicio pactadas con asociaciones y colectivos vecinales en más de 30 reuniones”, ha denunciado la edil.
Rivas ha recordado que la modificación aprobada el pasado mandato suponía extender la red 48 kilómetros más, un 24,7% más, llevando el servicio a nuevos puntos del municipio. De las catorce líneas del servicio, nueve sufrirían cambios de cierta importancia y se incluían otras tres nuevas: dos de carácter rural y con microbús y una línea R, rápida, que uniría La Corredoria con los campus universitarios y el polígono del Espíritu Santo los días laborales. “Se trataba de ajustar la oferta del servicio a la demanda”, ha defendido Rivas, “sin embargo, desde hace tres años PP y Cs han renunciado a las mejoras que demandaban los vecinos de Oviedo para su servicio de Transporte y lo hacen incumpliendo un contrato público”
“Aunque en marzo de 2020, se pusieron en servicio las dos líneas previstas para conectar núcleos rurales y servidas con microbús, el resto de las modificaciones siguen pendientes”, ha recalcado Rivas, que ha rechazado “las excusas constantes del concejal responsable, señor Cuesta, para cumplir el acuerdo”.
La edil socialista ha destacado que toda la extensión de la red, las mejores conexiones o la reducción de los tiempos de viaje tenían un coste estimado de apenas 200.000 euros anuales. “Pues bien, lo que han hecho PP y Cs es poner en servicio solo las líneas más deficitarias, necesarias para llevar el servicio a las zonas rurales, pero no poner en marcha las otras mejoras que sostenían a estas económicamente y que permitían incrementar los ingresos del servicio”. Tan solo la línea rápida R permitiría generar un millón de euros al año y captar 1,2 millones de usuarios, según los técnicos, ha recordado Rivas. “Así es como gobiernan estos grandes gestores: incumpliendo contratos, tomando decisiones antieconómicas y de espaldas a los ciudadanos”, ha ironizado la edil.