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Los socialistas reclaman datos sobre expedientes, recaudación, cumplimiento de la normativa y el impacto de la ZBE en la actividad de la Policía Local
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu ha registrado una batería de preguntas ante la comisión de Economía, Interior y Seguridad Ciudadana con el objetivo de conocer cómo se ha desarrollado la actividad sancionadora vinculada a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) desde su entrada en funcionamiento el pasado 1 de enero de 2026.
El concejal socialista Jorge García Monsalve considera que, una vez superado el periodo inicial de adaptación anunciado por el propio Ayuntamiento, es necesario evaluar con datos objetivos la aplicación de esta medida. “La Zona de Bajas Emisiones supone un cambio importante para la movilidad de la ciudad y, precisamente por ello, es imprescindible que exista transparencia sobre su funcionamiento y sobre los resultados que está obteniendo”, señala.
Entre las cuestiones que quiere conocer el PSOE figura el número total de expedientes sancionadores incoados desde el inicio de la fase sancionadora, su distribución mensual y el número de denuncias generadas por el sistema automatizado de control de accesos que finalmente hayan derivado en procedimientos sancionadores.
Los socialistas también solicitan información sobre el importe económico de las sanciones propuestas, impuestas y efectivamente recaudadas, así como sobre las evaluaciones que pueda haber realizado el Ayuntamiento respecto al grado de cumplimiento de la normativa y a los objetivos de mejora de la movilidad y de la calidad ambiental previstos en la ordenanza.
“No se trata únicamente de conocer cuántas multas se han puesto. Queremos saber si la medida está cumpliendo los objetivos para los que fue diseñada y si el Ayuntamiento dispone de indicadores que permitan valorar su eficacia”, explica García Monsalve. El edil socialista ha recordado que la ZBE impulsada por el equipo de gobierno, “apenas cubre el centro de la ciudad y limita el acceso únicamente a los vehículos sin distintivo ambiental y aún para estos existen múltiples excepciones”.
Asimismo, el Grupo Municipal Socialista pregunta por el impacto económico y administrativo derivado de la gestión de los expedientes sancionadores, especialmente en lo relativo a la actividad de la Policía Local. En concreto, solicita conocer si se ha elaborado algún informe interno sobre la incidencia de la ZBE en la organización del servicio, el número de agentes implicados en las tareas de control y el posible incremento de horas extraordinarias. “No hay que olvidar que el PP aprobó recientemente un suplemento de crédito de más de un millón de euros para horas extra de la Policía Local entre mayo y diciembre. Todo mientras tiene bloqueadas 70 plazas de agente”.
Para García Monsalve, “la implantación de una política pública de estas características debe ir acompañada de mecanismos de seguimiento y evaluación permanentes”. “Los vecinos y vecinas tienen derecho a conocer cómo se está aplicando la ordenanza, qué recursos públicos está consumiendo y cuáles son los resultados reales que está produciendo”, concluye.