• El Contencioso declara ilegal la fórmula para mantener los contratos que ha “generalizado” el bipartito para “tapar sus vergüenzas”
• Quince meses después, 13 de los servicios TIC siguen sin respaldo legal y para cinco de ellos no hay ni pliegos aprobados
A instancias de un recurso del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu, el Juzgado de lo Contencioso Número 6 de Oviedo ha declarado nulos de pleno derecho los acuerdos por los que la junta de gobierno acordó –en enero de 2021 y luego en septiembre de ese mismo año- la continuidad del contrato de servicios de informática y TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) finalizado más allá de cualquier prórroga posible. El portavoz, Wenceslao López, y los concejales Ana Rivas y Ricardo Fernández han comparecido esta mañana en rueda de prensa para dar cuenta de la gravedad de la situación a la que “la caótica gestión” del bipartito ha llevado a muchos servicios municipales. “Hay un riesgo de colapso importante”, ha advertido Fernández.
López ha destacado que el Grupo Municipal Socialista advirtió en numerosas ocasiones de los riesgos que tomaba el equipo de gobierno en la gestión del contrato de informática “tanto en plenos como en comisiones”, “hemos avisado siete veces, pero por supuesto no nos hicieron caso”. A día de hoy, la decisión del equipo de gobierno de trocear en 19 contratos distintos y no en cinco como proponía el informe encargado el pasado mandato a la Universidad de Oviedo ha devenido en “una situación caótica” e “ilegal”. “Quince meses después, hay trece servicios sin ningún soporte legal y cinco para los que ni siquiera están redactados los pliegos”, ha destacado el portavoz municipal de los socialistas. Para estos trece servicios, el bipartito acordó el pasado 25 de marzo una nueva continuidad, “que también impugnaremos”, ha anunciado Ricardo Fernández, en algunos casos hasta el 30 de septiembre de este año.
La situación no se limita al contrato de Informática, ha advertido Ana Rivas, aunque este caso sea el más grave por llevar 15 meses en situación ilegal. “El problema es que han generalizado la continuidad como fórmula para tapar el caos en su gestión”. El bipartito ha acudido a declarar la continuidad de varios contratos más de servicios cuando estos agotaban ya todas sus posibles prórrogas, ha explicado. “En algunos casos, cuando la licitación queda desierta o hay un recurso, es entendible, pero es que lo han utilizado como una práctica para tapar sus vergüenzas que ahora los tribunales han dicho que es ilegal”, ha añadido. La edil puso como ejemplos de la mala gestión de los socios de gobierno los contratos de mantenimiento de aceras o de asfaltado, cuya caducidad dejó durante meses a la ciudad sin estos servicios, o el de limpieza de edificios, que caducó el 30 de noviembre y aún en el suplemento de crédito “han tenido que incorporar remanente porque no tenían para financiar la nueva licitación”.
En esta situación de “caos”, la sentencia del Contencioso, “que es muy clara, aunque sea recurrible, va extender sus efectos” a otros contratos en situaciones similares como el del Albergue de Animales o el de Edificios, ha advertido Ricardo Fernández. “Nadie debería jugársela en el futuro a usar la fórmula de la continuidad”, ha señalado, “porque no tiene cabida legal” y, ante el próximo vencimiento de otros contratos de servicios, ha avisado de que “pueden conllevar responsabilidades para quienes avalen” su continuidad de acuerdo con esta fórmula.
Para el caso concreto del contrato de Informática, Fernández ha explicado que las actuaciones deberán retrotraerse al momento de la finalización del contrato, ya que su continuidad ha sido declarada nula. Ello significa que la contratista y el Ayuntamiento deberán someter la liquidación de estos meses de situación ilegal a la ejecución por parte del juzgado.
“Esto es el resultado de una forma de gobernar a la que llamamos despotismo no ilustrado”, ha resumido el portavoz socialista. “Quien rompe las reglas del juego hace falta o hace penalti; sin embargo, cuando se respetan todos los informes, algunos nos vemos cuatro años sometidos a un proceso”.