• La concejala del PSOE advierte al gobierno que no puede dejar prescribir, como en otras ocasiones, los derechos municipales en beneficio de las empresas contratadas

Los técnicos municipales han constatado que Aqualia debe al Ayuntamiento 550.210 euros como resultado de la liquidación del ejercicio 2016. Por ello la concejala socialista Ana Rivas ha instado al gobierno a que inicie  los trámites para reclamar ese dinero a la concesionaria del servicio de aguas, de manera inminente, “con el fin de evitar la prescripción, la caducidad o la pérdida de derechos municipales por el mero transcurso del tiempo, como ya ha ocurrido en otras ocasiones”, advirtió la edil del PSOE.

Rivas insistió en que la obligación de los responsables municipales es anteponer el interés público a cualquier otro. Por ello la concejala socialista ha planteado el procedimiento a seguir en una proposición registrada ayer por la mañana: en los siguientes términos: “que la Junta de Gobierno tramite la Declaración de lesividad para el interés público de la liquidación del servicio de aguas de 2016, requisito previo para poder solicitar su anulación en los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo”.

El pasado lunes, 5 de abril, el Grupo Socialista tuvo acceso al expediente tres semanas después de solicitarlo, y no consta en él ningún trámite realizado para  reclamar a la concesionaria del servicio de aguas la devolución de ese dinero. “Para poder recuperar este importe y dado que están a punto de cumplirse cuatro años desde que se inició el proceso con la presentación de la documentación por parte de la empresa, y que los trámites administrativos pueden alargarse, es necesario y urgente la toma de decisiones”, subraya Ana Rivas.

Desde finales de 2017, el Ayuntamiento y la empresa Aqualia, mantienen una disputa sobre la interpretación de algunos aspectos del contrato en vigor. Las liquidaciones de 2017, 2018, y 2019 fueron aprobadas entre octubre y diciembre de 2020 conforme a nuevos criterios. Al aplicar esa nueva interpretación al ejercicio 2016, se concluye que la liquidación arroja un saldo a favor del Ayuntamiento de 1.119.276,52 € en vez de los 569.066,11 € aprobados inicialmente, es decir, que la empresa debe devolver al Ayuntamiento un total de 550.210,41 €.