- La edil socialista defiende la labor de los servicios sociales en el caso de las personas desahuciadas la pasada semana
La concejala de Atención a las Personas e Igualdad, Marisa Ponga, ha defendido esta tarde la labor que realizan los servicios sociales y ha denunciado como falta de responsabilidad injustificable que un grupo político que está en el gobierno municipal no haya comunicado una situación de vulnerabilidad en cuanto tuvo conocimiento de los hechos, en alusión al caso de las dos personas desahuciadas la pasada semana en Oviedo.
La edil socialista ha recordado que todo ciudadano tiene la obligación de alertar a los servicios sociales cuando conozca un caso de riesgo de exclusión social para que se puedan tomar las medidas de protección oportunas. «Se trata de una situación extremadamente delicada que requiere de una atención individualizada y por parte de profesionales. Ante una situación de riesgo y, en especial, en los colectivos vulnerables el primer paso siempre es ponerse en contacto con los servicios sociales», ha dicho.
Marisa Ponga ha hecho hincapié en que existe un protocolo que implica a tres administraciones: Principado, Poder Judicial y ayuntamientos y que su buen funcionamiento depende del cumplimiento adecuado por parte de las tres. Es de sentido común que cualquiera que tenga información debe trasladarla a la administración competente. En este último caso de desahucio, los servicios sociales municipales tuvieron conocimiento el 20 de septiembre a través de un mensaje de la plataforma antidesahucios, la PHA. «Si en los servicios sociales hubiéramos tenido esta información hubiésemos podido ponerlo en conocimiento del Juzgado para que tomase las medidas oportunas», ha indicado la edil socialista que se ha mostrado sorprendida tras las declaraciones que apuntan a que un grupo municipal en el gobierno, Somos, sí conocía este problema desde hace más de dos semanas.
«Como ciudadanos todos estamos éticamente obligados a dar conocimiento de cuestiones de vulnerabilidad de personas en riesgo; como representantes públicos el no hacerlo, es una dejación de funciones. Si, además se ostentan responsabilidades de gobierno no parece justificable no seguir el protocolo», ha recalcado.
Como concejala de servicios sociales municipales, ha añadido Marisa Ponga, me parece una falta de responsabilidad el hecho de no comunicar una situación de vulnerabilidad existente, porque este caso podría haberse atendido mucho» antes de llegar a una situación límite como la que están atravesando estas personas. «Desde las organizaciones sociales se está realizando un gran papel, pero quien tiene los medios y recursos es la administración municipal», ha recordado.
A día de hoy, los Servicios Sociales están trabajando con las dos personas afectadas y la edil ha confiado en una rápida y eficiente resolución.
Aquí puedes escuchar su intervención esta tarde ante los medios: