La concejala de Atención a las Personas e Igualdad, Marisa Ponga, ha garantizado el servicio de ayuda a domicilio y ha anunciado hoy que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Oviedo estudiarán la posibilidad de presentar un recurso contra la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que obliga a realizar de nuevo la licitación de los contratos. La edil socialista ha defendido las cláusulas sociales, entre ellas la mejora salarial para los trabajadores y trabajadoras, que se incluyen en los pliegos de contratación y que la resolución del tribunal -comunicada esta misma semana después de tres meses de espera- obliga a suprimir.
Marisa Ponga ha hecho hincapié en que existen vías suficientes para garantizar la asistencia domiciliaria, de la que actualmente se benefician más de 1.100 hogares, y que en ningún momento quedará en el aire este servicio. La Junta de Gobierno ha acordado hoy iniciar la tramitación de un nuevo expediente de contratación y, en paralelo, estudiar un posible recurso contencioso contra la decisión del tribunal administrativo. El tribunal da la razón a los empresarios porque consideran que no se acredita que las mejoras salariales redunden en la mejora del servicio, algo contrario a lo que defiende el Ayuntamiento. La edil ha destacado que es lógico pensar que las mejores condiciones laborales y salariales permiten realizar un mejor desempeño del trabajo. El coste de la ayuda a domicilio se reparte en dos lotes: zona rural y zona urbana y está presupuestado en 20 millones en cuatro años.