El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Wenceslao López, ha denunciado esta mañana que el equipo de gobierno del PP y Ciudadanos «está haciendo todo lo posible» para evitar que el Ayuntamiento pida responsabilidades a las empresas en los casos de la rescisión del contrato del Bulevar de Santuyano y la subsanación de los defectos de obra del Corredoria Arena. Acompañado por los concejales Ana Rivas y Ricardo Fernández, López ha advertido que los y las socialistas «lucharemos con todas las vías a nuestro alcance para que no exista una malversación de lo público intentando tapar la basura que dejó el gabinismo».

En concreto, el portavoz de los socialistas anunció en que el caso del Bulevar el Grupo pedirá directamente al Secretario General y a la Intervención la elaboración de sendos informes sobre el procedimiento y la pertinencia de la rescisión del contrato con la empresa que redactó el proyecto para el Bulevar de Santuyano. Hace más de un mes que los socialistas solicitaron estos informes más otro del área de Contratación a través de la comisión de Economía y ayer se les informó de que ninguno está emitido y que, de hecho, no existe un propuesta formal de resolución del contrato en el expediente a pesar de que el Gobierno la anunció públicamente el 30 de enero.

López recalcó que se trata de «una situación grave» ya que en lugar de exigir a la UTE Bosque y Valle sus obligaciones contractuales «les van a pagar para que se marchen sin cumplirlas, lo que pone en evidencia que anteponen los intereses privados a los públicos».

En el caso del Corredoria Arena el Gobierno avanzó ayer que existe un informe técnico que sitúa la prescripción de las responsabilidades de la empresa, la dirección de obra y el proyectista que desarrollaron la obra en septiembre de 2019, cuatro años después de un informe de Gestión del Patrimonio que recoge las deficiencias del edificio.

López acusó a Canteli y Cuesta de «pretender mirar para otro lado e ignorar sus obligaciones» ya que existen a lo largo del mandato pasado al menos nueve comunicaciones a con la UTE o sus empresas aseguradoras por parte del Ayuntamiento que interrumpirían las prescripciones además de un informe de abril del 2016 en el que una técnica municipal señala que el edificio está en «ruina funcional» y que la prescripción para pedir responsabilidades es de 15 años, es decir, caducaría el plazo en 2025.

«En esta ocasión no se les va a lograr que puedan dejar a la empresa irse de rositas», señaló Wenceslao López, quien recordó que la obra tenía tantos problemas que a solo tres meses de ser inaugurado el polideportivo sufrió graves inundaciones. «Eso sí, durante cinco años, de 2010 a 2015, el PP no movió un dedo para pedir responsabilidades a la empresa. Solo se empezó a exigir explicaciones cuando llegamos al gobierno en 2015», recordó López, quien señaló que en su gobierno se impulsaron hasta dos expedientes de responsabilidad contractual y una providencia de Alcaldía.