Por Marisa Ponga
La escasez de recursos que padecen 40.000 vecinos debe centrar el debate político y social
Hace unos meses, un estudio encargado por el Grupo Municipal Socialista concluyó que en Oviedo 40.000 personas viven en situación de pobreza. De ellas, 20.000 se hallan bajo el umbral de la pobreza severa.
Todas y cada una de esas cifras aluden a personas e historias de vida. Hay vecinas y vecinos con los que compartimos nuestros barrios, nuestras calles, inmersos en situaciones de pobreza. Que tienen rostro. Por eso defendemos que la pobreza no puede seguir siendo invisible, sino que debe ser un elemento central y no ajeno al debate político y social.
Luchar contra la pobreza y la exclusión va más allá de tener buenas palabras e intenciones. No basta una respuesta convencional cuando se es interpelado. Hace falta una mirada nueva, valiente e incluso disruptiva, que nos lleve a ser capaces de romper inercias y asumir la realidad social con honestidad en aquello que nos compete. El modelo municipal actual no basta para dar respuesta al drama cotidiano que viven miles de ovetenses.
La distribución competencial de los servicios sociales y la adecuada financiación de los municipios, la burocratización que ciertamente ralentiza, o la imprescindible superación de la brecha digital, son realidades que deben ser abordadas en un proceso coordinado de mejora continua. Pero nunca deberían aplicarse como justificación para claudicar de cualquier iniciativa política municipal en este ámbito.
El Ayuntamiento de Oviedo tiene el deber y sobre todo la oportunidad de abordar iniciativas políticas transformadoras, participativas y eficaces para atender a las situaciones de pobreza y exclusión social. Ejercer la capitalidad significa también liderar la innovación social, gestionar estas políticas desde una perspectiva amplia y ambiciosa, poniendo en el centro a las personas, más allá de las palabras. Contando con instrumentos de participación que permitan a las entidades del tercer sector, a los colectivos vecinales y, sobre todo, a las propias personas en situación de vulnerabilidad, tener capacidad de ser parte de ese proceso.
Los ayuntamientos somos la primera puerta a la que acuden las personas en el ejercicio de sus derechos sociales, el primer lugar de atención ciudadana, el más próximo. Desde los municipios es desde donde se detectan antes los problemas y se pueden activar soluciones más ajustadas y humanas. Asumir competencias impropias en este contexto no es una carga sino un acto de responsabilidad. Ello no significa renunciar a reclamar cuando sea preciso una financiación suficiente ni a exigir al Principado que asuma lo que le corresponde, sin perder de vista que la población más vulnerable de Oviedo no puede ni debe esperar.
Invertir en inclusión no es un gasto, es una apuesta por la dignidad de las personas y por el futuro. Hablamos de derechos, lo que significa que la pobreza no se reduce solo con ayuda asistencial. Se combate con educación, empleo, vivienda, salud mental, integración y participación social. Se combate con innovación y con políticas valientes que entiendan que detrás de cada cifra hay una vida.
La pobreza tiene rostro. Mirarla de frente es el primer paso para cambiarla.