• El TSJA confirma la ilegalidad de la fórmula para mantener los contratos TIC e impone las costas al Ayuntamiento
La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso del equipo de gobierno contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Número 6 de Oviedo que declaró el pasado mes de abril nulos de pleno derecho los acuerdos por los que la junta de gobierno acordó la continuidad del contrato de servicios de informática y TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) finalizado más allá de cualquier prórroga posible. El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu, Wenceslao López, y el concejal Ricardo Fernández han comparecido esta mañana en rueda de prensa para dar cuenta de la gravedad de la situación ilegal, sin respaldo contractual, de los servicios de Informática durante más de 20 meses.
López ha recordado que el bipartito decidió, cuando ya había finalizado el contrato más allá de cualquier prórroga posible, decretar la continuidad de los servicios; primero, en enero de 2021, de nuevo, en septiembre de ese año y aún parte de ellos, en marzo de este año. “A 30 de agosto de este año, aún había ocho servicios sin ningún respaldo contractual”, ha detallado, “y parte se han prorrogado con dos contratos menores”
La situación caótica deriva de la decisión de PP y Cs de fraccionar el contrato de servicios TIC en 19 contratos distintos y no en cinco como proponía el informe encargado el pasado mandato a la Universidad de Oviedo.
La situación no se limita al contrato de Informática, ha recordado Ricardo Fernández, ya que “con algunos matices, afecta también a las continuidades decretadas por el equipo de gobierno para los contratos del Albergue de Animales y de Limpieza y Conserjería de Edificios”, ambas también recurridas por el Grupo Municipal Socialista. “Lo que deja claro la sentencia del TSJA es que las tres continuidades del contrato de Informática son nulas de pleno derecho, porque no se da ninguna de las circunstancias que prevé la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para estas chapuzas”, ha señalado.
Fernández ha destacado que el tribunal impone las costas del recurso al Ayuntamiento, “porque el equipo de gobierno, en vez de corregir la ilegalidad tras la sentencia de instancia, planteó un recurso, a mi juicio, imprudente”.
El edil ha advertido de la “existencia de posibles responsabilidades patrimoniales, que habrán de determinarse en ejecución de sentencia ante el juzgado de instancia”. El Contencioso 6 deberá determinar si los pagos efectuados durante estos meses de continuidad ilegal del contrato son ajustados a derecho o, en su caso, si existen responsabilidades o menoscabos al erario público.
“Esto lo que pone de manifiesto es un retirado comportamiento de este equipo de gobierno que es saltarse las reglas del juego, actuar al margen de la ley. Sin ir más lejos en el último Pleno, con una alteración del plazo de un contrato tan importante como es el del Plan General con todas sus consecuencias para Oviedo”, ha concluido el portavoz, Wenceslao López.
