- “El PP y Cs han llegado a acuerdos con la empresa Aqualia que resultan perjudiciales para el Ayuntamiento cuando deberían salvaguardar los intereses municipales”, señaló la edil socialista Ana Rivas
El Grupo Municipal Socialista presentará un recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno que el pasado 30 de diciembre aprobó la liquidación del contrato de Agua y Saneamiento durante el ejercicio 2019. El PP y Ciudadanos han llegado a acuerdos con la empresa Aqualia para que se incluya en el cálculo un nuevo concepto como compensación a la empresa por “Actividad del Concesionario en relación a la verificación, sustitución y tasa de alquiler y mantenimiento de contadores”. En concreto, para 2019 se propone compensar a Aqualia con 338.580 euros por haber sustituido 4.427 contadores (1.169 municipales y 3.258 privados).
Para la concejala socialista Ana Rivas se trata de “una decisión sin el menor rigor que avale la compensación a la empresa por ese importe. Más bien parece un arreglo entre el gobierno municipal y la empresa”. Los y las socialistas entienden que esa tarea ya figura en el contrato de Aqualia y no tiene sentido pagarla dos veces. Además, nadie justifica por qué se cambian esos contadores, qué antigüedad tienen y por qué va a pagar el Ayuntamiento unos aparatos que ni son ni serán propiedad municipal. Son algunos de la decena larga de motivos que incluye el Grupo Socialista para justificar su recurso y defender el interés municipal.
La aparición de este nuevo concepto en las liquidaciones de Aqualia se produce tras meses de reuniones entre empresa y Ayuntamiento al promoverse, durante el anterior mandato, una reinterpretación del contrato, por parte del funcionario responsable, por discrepancias con la concesionaria sobre los conceptos a incluir. Tras celebrar varios encuentros “en los que no hemos conseguido saber quiénes participaron”, afirma Ana Rivas, el 14 de diciembre de 2020 el técnico municipal emite un informe diciendo que respecto al año 2019 el Ayuntamiento debe recibir 866.454 euros. La Junta de Gobierno del 17 de diciembre deja sobre la mesa el acuerdo y dos semanas después aprueba la liquidación, tras haber admitido las alegaciones de la empresa por importe de 632.186,90 €.
La concejala Ana Rivas, mantiene que “en este proceso el técnico municipal ha apreciado diversos incumplimientos por parte de la empresa y sin embargo, no sólo no se les reclama por ello sino que se les gratifica. Nos parece una situación, cuando menos, sospechosa y delicada. No tiene ni pies ni cabeza que paguemos a una empresa dos veces por un servicio que está obligada a prestarnos. El PP y Ciudadanos deberían ser los primeros garantes del destino del dinero público. Es su obligación y su responsabilidad”, concluyó Ana Rivas.
Declaraciones Ana Rivas