- La Junta de Gobierno desautoriza la resolución del concejal de Urbanismo que ordenaba conceder el permiso
El Grupo Municipal Socialista celebra que el PP y Ciudadanos hayan rectificado y el Ayuntamiento finalmente recurra la sentencia que obliga a conceder licencia a la instalación de la planta de asfalto en Priorio. La Junta de Gobierno ha desautorizado hoy la decisión del concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta, que firmó una resolución el pasado 1 de marzo ordenando al servicio cumplir el fallo judicial y conceder el permiso. El Ayuntamiento finalmente recurrirá la sentencia judicial que obliga a conceder el permiso de instalación gracias a la presión vecinal desatada tras la denuncia del Grupo Socialista.
Al margen de la rectificación que supone el acuerdo de Junta de Gobierno tomado hoy, el Grupo Socialista exige al equipo de gobierno que de manera inmediata lleve a cabo los procedimientos administrativos necesarios para dejar sin efecto la resolución firmada por Ignacio Cuesta, que ordenaba al servicio acatar la sentencia y, por tanto, conceder la licencia.
Para los y las socialistas siempre constituye una satisfacción que el Ayuntamiento escuche a la ciudadanía, más cuando sus demandas suponen la defensa de una actuación municipal. Lamentamos que de nuevo el concejal de Urbanismo haya recurrido sin ningún complejo a la mentira, esta vez en el Pleno, para hablar sobre un asunto crucial para Oviedo. Afortunadamente, la presión y la denuncia han servido para que Cuesta tenga que echarse atrás y la Junta de Gobierno revoque hoy su decisión de la semana pasada.
El viraje del PP y Ciudadanos representa otro ejemplo de la gestión chapucera y sin criterio que están desarrollando en el Ayuntamiento. Para el Grupo Socialista la defensa de los intereses municipales responden a la lógica más elemental. El Ayuntamiento ha de defender sus propios actos y sus intereses. Por eso no entendemos que se haya rechazado inicialmente el recurso contra la sentencia de la planta de asfalto de Priorio o que se decida, por ejemplo, que el Ayuntamiento deje de estar personado en la causa por el caso Enredadera.